Es una figura de amplio contenido social, democrático y participativo, al ser los propios socios destinatarios finales de las viviendas, los que a través de los órganos sociales legalmente establecidos, toman las decisiones en todo el proceso.
Tiene dos componentes que la consolidan como motor de desarrollo económico y social: Primero la ventaja competitiva, que radica en que el valor final de la vivienda es al costo y segundo, la construcción de sociedad participativa, en la que todos aportan de acuerdo con sus conocimientos y capacidad.
